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Prioridades de política energética

A juicio de expertos del sector, una de las máximas prioridades de política energética del nuevo gobierno será el de dar viabilidad y una mejor gestión administrativa, financiera y operativa a las empresas públicas Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.

Comienza un nuevo sexenio en medio de la incertidumbre política. Faltan consensos en el país, quizás más que en cualquier otro momento de la historia reciente, y la polarización política implica riesgos de ingobernabilidad y dificultades para dialogar.

La falta de consensos ha sido un problema, ya durante años, en la política energética. También lo ha sido la falta de una planeación integral a largo plazo. No hay un diagnóstico compartido por los participantes en el sector y hay poca confianza en el trabajo de las instituciones, empezando por la débil autoridad de la Secretaría de Energía, pero también en las empresas públicas –Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC)– que padecen un deficiente marco administrativo, operativo y financiero que impide su óptimo desempeño empresarial y no les permite rendir los mejores resultados.
Hay que modernizar el sector y asegurar inversiones adecuadas en infraestructura y producción, lo cual obliga a una amplia reforma fiscal que mejore las perspectivas de la industria energética en general, a juicio de expertos del sector energético, consultados por Energía a Debate.
He aquí sus opiniones.

PABLO MULÁS DEL POZO

Dar énfasis a la planeación y a la investigación tecnológica

Mi apreciación es que ya es urgente otorgarles la autonomía de gestión a las entidades industriales públicas del sector energético, es decir, a Pemex, CFE y LFC. Debido a la alta dependencia de los ingresos de la Secretaría de Hacienda provenientes de la renta petrolera, es necesario primero pasar por la reforma fiscal. Pero la autonomía de gestión es necesaria si se desea incrementar la productividad de estas entidades, de manera que dejen de ser agencias de la Secretaría de Hacienda y se transformen en verdaderas empresas de propiedad pública.

En segundo lugar, es absolutamente necesario que la Secretaria de Energía desarrolle una visión de amplio consenso a mediano (más de10 años) y a largo plazo (más de20 años) del sector energético mexicano, que encuadre los planes estratégicos y de negocios de las entidades públicas, tanto entes industriales como institutos de investigaciones y comisiones nacionales, para asegurar un rumbo plausible y deseable por el que conviene transitar, así como enfocar esfuerzos hacia esa visión. Esto ayudara a incrementar la eficacia de los esfuerzos, disminuyendo su dispersión.

En base a esta visión, se deben estructurar los planes estratégicos de los institutos de investigación del sector . El fin es el de asegurar que se den los desarrollos tecnológicos requeridos por los caminos que transitará la industria energética, sin dejar de mantener el apoyo actual a la industria en cuanto a servicios tecnológicos especiales. No olvidemos que la innovación tecnológica hoy en día es el principal motor del desarrollo económico. De esta manera, la eficacia de los institutos dentro del sector será mucho mayor.

Otro reto específico y muy obvio es el de mantener la producción petrolera en los niveles actuales, incorporando la producción de nuevos yacimientos para contrarrestar el decaimiento del yacimiento de Cantarell. Esto implica asegurar inversiones adecuadas en exploración y explotación de los nuevos yacimientos.

FRANCISCO BARNÉS DE CASTRO

Competitividad en CFE y LFC, inversión privada en Pemex

Aún cuando se han tenido algunos avances, sigue siendo prioritaria la revisión del marco legal de Pemex, CFE y LFC para dotarlas de autonomía presupuestal y de gestión, sin que esto signifique perder el control sobre las empresas por parte del Estado. Se requiere llevar a cabo una reforma fiscal integral –y no parcial como la que se hizo– que disminuya las cargas fiscales excesivas y les permita su capitalización a través de mecanismos de participación de los sectores social y privado.

Se requiere, asimismo, redefinir las atribuciones y responsabilidades de sus órganos de gobierno y permitirles participar en asociaciones estratégicas con otras empresas, en actividades que hoy en día resultan prioritarias y que de otra manera no podrían desarrollar, por limitaciones tecnológicas o presupuestales.

En los casos de CFE y LFC, es necesario promover su competitividad, transformando las divisiones existentes de generación y distribución en unidades de negocio, dentro de las empresas, y garantizar el control gubernamental sobre el sistema nacional de transmisión.

Para el sector eléctrico en general, debe permitirse la comercialización de excedentes de cogeneración y autoabastecimiento sobre bases competitivas, y establecer reglas para fomentar la cogeneración y el uso de energías renovables.

Por otra parte, es prioritario, transparentar los subsidios en las tarifas eléctricas, en el precio de venta de primera mano del gas natural y del gas LP y en el precio final de los combustibles líquidos, dirigirlos a los grupos sociales de menores recursos, trasladando la responsabilidad sobre los subsidios al Congreso de la Unión.

En el caso de Pemex, debe permitirse la inversión privada en exploración y producción de gas natural no asociado y en campos que no esté Pemex en posibilidades de desarrollar, manteniendo el Estado la propiedad sobre el gas producido. Lo mismo en la explotación de campos marginales, la exploración y producción de hidrocarburos en aguas profundas, por ejemplo, mayores a dos mil metros, y la explotación de campos transfronterizos en aguas profundas.

Se debe admitir, a mi juicio, coinversiones con Pemex en nuevas refinerías, conservando Pemex la comercialización nacional de los combustibles producidos. Convendría promover nuevos proyectos de cogeneración asociados a instalaciones de Pemex. En cuanto al transporte y almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, estas actividades podrían llevarse a cabo bajo contratos de arrendamiento con Pemex.

JUAN ANTONIO BARGÉS

Reestructurar el sector; fortalecer y rediseñar a la Sener

En este sexenio, se tuvo la problemática que se originó por la inusitada rotación de secretarios de Energía, cuatro en total, lo que impactó la estructura organizacional y la forma de afrontar problemas y proponer soluciones. Por ello, es difícil precisar cuál fue la política energética del sexenio. A final de cuentas fueron varias.

No obstante que el sector se ha beneficiado de los altos precios del petróleo y gas, lo que permitió fortalecer las finanzas públicas del país, la nueva administración, esta vez encabezada por un ex-Secretario de Energía; enfrentará problemas y retos que son más grandes que hace seis años en materia de reservas, producción de petróleo, gas, refinados y petroquímicos, importaciones crecientes y recursos financieros insuficientes.

Las tareas para modernizar el sector requerirán de nuevas políticas, leyes, reglamentos, reestructuraciones que habrá que diseñar e implementar, si es que se pretende que la producción y generación de energéticos se incremente con calidad y precio competitivo. De ser así, las tareas del nuevo gobierno serán muy simples, ya que sólo tendrá que monitorear las importaciones.

El nuevo gobierno deberá tener como sus prioridades la modernización del sector, basado en reforma energética que permita la participación del sector privado y así además fortalecer las finanzas públicas para apoyar esa modernización.

Al mismo tiempo, heredará una Secretaría de Energía (Sener) extremadamente débil, resultado de más de diez años de recortes presupuestales, lo que la ha debilitado también estructuralmente. Hoy, la Sener carece, por falta de recursos financieros, de la capacidad de ejercer una verdadera coordinación y vigilancia del sector. No puede, de hecho, ejercer su autoridad tal y como debería poder hacerlo.

Si comparamos a esa secretaría con los ministerios de Energía en Canadá, Noruega y Brasil, observamos que la brecha en cuanto a tamaño y capacidades es muy grande. La Sener es cada día más pequeña mientras que el mercado energético es cada día más grande y complejo, lo que resulta contradictorio tomando en cuenta el potencial de 1 200 000 Km2 de sedimentos de petróleo y gas que posee el país, que por cierto hemos explorado poco.

JAVIER ESTRADA

Mejor regulación petrolera y reformas en apoyo a Pemex

La principal prioridad es poner orden en la exploración y producción petrolera, empezando por dar solidez económica a Pemex con inyecciones de capital, luego con una más sólida reforma fiscal que permita la reinversión sin tener que recurrir a tanto endeudamiento. También se necesita un Documento de Política Petrolera en el que se retome la estrategia de exploración, producción y exportaciones para, al menos, el próximo sexenio. Esto definirá el tipo de reforma constitucional que se necesite, particularmente para definir los espacios que se den a la inversión privada en gas natural, en yacimientos marginales, así como las “alianzas estratégicas” con compañías especialistas en aguas profundas.

Urge crear el ente regulador de la exploración y producción (o “directorado del petróleo”) para que se regularicen las asignaciones (concesiones) a Pemex y los llamados contratos de servicios múltiples, antes de que se integre a las empresas privadas como operadores. Mexico es una provincia madura con un bajo nivel de recuperación de reservas, por lo que se requiere repensar varios de los grandes proyectos de Pemex, como Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Chicontepec, para ampliar su vida productiva, tal como se hizo para Ekofisk en Noruega. Hoy resultan más baratos algunos proyectos de producción mejorada que otros de exploración.

Sin embargo, vamos atrasados en la identificación de reservas en las zonas fronterizas del Golfo de México con Estados Unidos. Por último, es necesario elevar los recursos en la exploración y producción de gas natural. Existen suficientes indicios para suponer que aún no encontramos las reservas que hay en nuestro territorio.
“Aguas abajo” es necesario debatir si las inversiones en las refinerías, ductos varios y distribución a consumidores puede realizarse por privados, aunque fuera de manera parcial. Convendría que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pueda ya intervenir en estos temas para asegurar que los proyectos se realicen con la mejor tecnología y al menor costo. El reforzamiento de la CRE es también necesario para revisar los precios y tarifas del gas natural y transporte que ofrece Pemex Gas, el cual ha ido reforzando su monopolio durante los últimos seis años. La CRE también deberá contar con las atribuciones para revisar a fondo las tarifas eléctricas antes de determinar cuánto se pueden bajar y para dar certidumbre a los interesados en el autoabastecimiento sobre la viabilidad de sus proyectos.

FRANCISCO JAVIER CARRILLO

Regenerar capacidades productivas, con una política de Estado

Urge una visión contrapuesta a la que hasta ahora se ha impuesto, donde ha prevalecido la ausencia de planeación integral y de largo plazo (o sea, una política energética de Estado), cediendo el paso a una visión de alimentar negocios de corto plazo y a las urgencias fiscales y recaudadoras. Esto ha dado como resultado la dilapidación de nuestros recursos petroleros y el desmantelamiento de nuestras capacidades productivas, no sólo como empresas públicas energéticas, sino como conjunto de fuerzas productivas –ingenierías nacionales, industrias manufactureras, constructoras nacionales, etc.- que han venido siendo desplazadas por empresas trasnacionales, mediante la abierta transferencia de la renta eléctrica y petrolera, como son las llamadas “sociedades de autoabasto” y los “productores Independientes” en el caso eléctrico y los contratos de servicios múltiples para el gas natural seco. Deben derogarse estas figuras.

Se deben rechazar las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, en función de su plena vigencia para garantizar la conducción soberana de nuestra política energética en plena congruencia con un proyecto nacional basado en el desarrollo socioeconómico y, en su lugar, proponer un cuerpo de reformas a nuestras empresas energéticas que les permita una administración pública con mayor autonomía de gestión administrativa, presupuestal y operativa, con lo cual garantizarán eficiencia, productividad, reducción de costos y abasto energético (combustibles y electricidad) a precios competitivos para el aparato económico y accesibles para toda la población.

En el caso de Pemex, se trata de reintegrarlo en un solo organismo, imponerle las mejores prácticas de la industria, rescatar un monto mayor de los recursos petroleros para invertir en exploración y en industrialización de nuestras materias primas (gas y aceite). Se debe modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, así como el régimen fiscal de Pemex, para lograr estos objetivos.

Habría que frenar el uso del gas natural para la generación de energía eléctrica y sustituirlo por otras fuentes de generación, incluyendo la de origen nuclear. El Estado también debe promover la eficiencia energética, asumir un papel protagónico en el impulso de las energías renovables, impidiendo figuras ilegales, y dar un impulso decidido a la investigación y el desarrollo científico y tecnológico nacional a través de la recuperación presupuestal y operativa de nuestros institutos del sector energético (Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto de Investigaciones Eléctricas, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares).

ISABELLE ROUSSEAU

Reorganizar a fondo la industria petrolera

Hay problemas que –si no se atienden de manera adecuada y con rapidez– ampliarán una dependencia energética indeseable. Se requiere diseñar una política de mediano y largo plazo que no esté vinculada a los cambios sexenales. Esto implica construir un consenso político mínimo sobre principios fundamentales. ¿El petróleo es la base de una política rentista o una palanca para la industrialización? ¿Qué tipo de empresa petrolera queremos? ¿Con qué tipo de regulación y de autonomía administrativa y financiera? ¿Cuál debe ser el papel del sector privado?

Convendría fortalecer a Pemex como empresa pública, sin que se preserve necesariamente su estatuto de monopolio de estado, separando la propiedad de los recursos (de la Nación) de la conducción administrativa, operativa y financiera de la empresa pública. Para lograr tal resultado y mejorar el buen gobierno empresarial, se requeriría aclarar los papeles de los diversos organismos –la Sener (propietaria), Pemex (operadora), la CRE (regulador), Hacienda, Función Pública, etc.– para evitar el traslape de funciones entre ellos.

Para consolidar el gobierno corporativo, es aconsejable revisar el rol, el nivel de responsabilidades y la composición del consejo de administración de Pemex, incluyendo en él a expertos independientes sin conflictos de interés. La disfunción operativa y de rumbos que existe entre las cuatro subsidiarias debe corregirse.
La autonomía presupuestal y de gestión de Pemex otorgaría a la empresa mayor flexibilidad en su operación, sobre todo si puede establecer su propio presupuesto en función de su cartera de negocios. Se debe liberar a Pemex de obligaciones fiscales confiscatorias y definir con el sindicato condiciones de trabajo que alienten la productividad de la empresa, revisando condiciones para el retiro, categorías laborales y la flexibilidad de la fuerza laboral.

Se debe reforzar o ampliar la capacidad de acción de los órganos de regulación, de manera tal que forje un entorno de mercado, propiciando la inversión privada donde sea necesaria (aguas profundas, refinación, etc.) y permitir a Pemex seguir siendo un actor importante en un proceso de apertura. Si queremos una industria petrolera nacional de altura, habrá que ampliar las actividades del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), reforzando carreras para formar nuevas generaciones de ingenieros petroleros.

CARLOS MIRELES

Reactivar la inversión en refinación y petroquímica

El energético es, lamentablemente, el único sector de la economía mexicana que puede generar los efectos multiplicadores de gran envergadura, que sean capaces de sacar adelante a nuestro país del rezago en el que se encuentra, generando un gran desarrollo con la respectiva creación de fuentes de empleo que nuestra población demanda.

Bajo esta premisa, el compromiso tendrá que adquirir el compromiso de darle la prioridad a este tema, impulsando con decisión las diversas actividades que conforman el sector. Yo me referiré en este espacio únicamente a los problemas graves que se presentan en tan sólo dos rubros: refinación y petroquímica.

Si partimos de la base que es inaplazable que Pemex se capitalice, lo primero que se tendrá que hacer es tomar medidas en busca de una mayor autosuficiencia y frenar la carrera creciente de importaciones, tanto de productos petroquímicos, como de gasolinas y otros combustibles. Es un crimen la forma en que se han incrementado las importaciones de petroquímicos, cuando las plantas productoras de Pemex Petroquímica se encuentran paradas. De haber sido un gran país fabricante de diversos productos petroquímicos, hoy los estamos importando.

En el caso de la importación de gasolinas, Pemex sufre una salida de divisas cuantiosa, que también se debe de frenar, independientemente de los recursos frescos que la paraestatal requerirá para el logro de sus objetivos en todas sus áreas. Hay que evitar las salidas de recursos hacia el exterior y producir más petrolíferos en el país para mejorar la balanza comercial en este rubro.

En ambos casos, será urgente tomar decisiones para invertir lo necesario en estos dos sectores para dinamizar la producción, construir la infraestructura necesaria y así abastecer la demanda nacional y exportar sobrantes de producción. En los últimos años, sólo el 5% del presupuesto de inversión de Pemex ha sido para refinación y cerca del 1% para petroquímica, lo cual es aberrante. Por esto, será crucial que los nuevos responsables del sector energético tomen en consideración el valor agregado que se genera al contar con mayor integración en las actividades de Pemex.