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¿Apertura de la distribución de petrolíferos al capital privado?

 

Desde hace años, ya existe una apertura irregular en
esa actividad,  que ahora, al parecer se desea legalizar.

 

JOSÉ ANTONIO BELTRÁN MATA *

Recientemente el debate sobre la industria petrolera nacional ha tomado relativa importancia. Se mencionan diversas iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión, una de las cuales promueve reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y tiene como propósito complementar la inversión pública con inversión privada en el transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y petrolíferos.

En dicha iniciativa se proponen modificaciones importantes a los artículos 3º y 4º de dicha Ley. Adicionalmente se proponen cambios a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con el fin de facultar a esta comisión para regular las actividades consecuencia de la iniciativa.

Se advierte, como problemática de la propuesta, el hecho de que el transporte de petróleo crudo en México sólo se da dentro de las instancias de negocio de Pemex (transporte de crudo de PEP a Refinación, o bien a exportación), por lo que dar la oportunidad para que el privado transporte crudo, podría agregar complejidad operativa y regulatoria al ser necesaria la creación de contratos que establezcan las condiciones y reglas de operación con el sector privado. Adicionalmente, Pemex tendría que pagar por el servicio de transporte, por lo que no se libera presupuesto, ya que el mismo pasaría de ser inversión a gasto de operación.

Por otra parte, debe destacarse que, de aceptarse la propuesta de modificación de la Ley, se daría la liberación del transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos, que de facto se determinó realizar en Pemex Refinación a partir de 1999, lo que ha implicado una irregular apertura del mercado de petrolíferos, en términos de ilícitos en el transporte, en la distribución y en la calidad de los combustibles. De hecho, las autoridades han reconocido la existencia de ese mercado ilícito.

Parece ser, por tanto, que lo que en realidad se pretende hacer es legalizar o regularizar una medida ilegal que tenía como objeto permitir la inversión privada en el transporte, almacenamiento y distribución de productos petrolíferos, de modo que Pemex no tuviera que disponer de presupuesto para el pago del servicio, y permitiendo, así, la apertura del mercado, desafortunadamente de forma irregular y con consecuencias, a nuestros días, lamentables.

De tal suerte que si realmente lo que se desea es una apertura total del mercado, y en esa forma Pemex no tuviera que disponer de presupuesto para el pago del servicio, la iniciativa deberá contener la propuesta de que el transporte, el almacenamiento y la distribución de los productos a que se refiere el artículo 3º, fracciones I y III, se modifique con la siguiente propuesta: “…después de la venta de primera mano también podrán ser llevadas a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrían construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones de almacenamiento y equipos necesarios para dichos fines…”

Agregando que en los casos en que los ductos, instalaciones y equipos propiedad de los sectores social y privado se utilicen para el transporte, almacenamiento y la distribución de los productos a que se refiere el Artículo 3, Fracciones I y III, antes de su venta de primera mano, estos deberán destinarse de manera exclusiva al transporte, almacenamiento y distribución de productos propiedad de Petróleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios.

De esta forma, se establece que la participación del sector privado en transporte, almacenamiento y distribución será después de la venta de primera mano y se elimina la restricción que establece que la infraestructura sólo se destinará a productos de Pemex.

Ante esto, lo deseable sería que Secretaría de Energía (Sener) en forma previa establezca las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación indispensables, puesto que de no hacerlo, la selva comercial existente en el mercado de petrolíferos continuaría y los perjuicios se incrementarían.

La estrategia comercial impuesta por Pemex a partir de 1998, de la que ha hecho caso omiso la Sener hasta hoy, propició las siguientes implicaciones operativas:

 

 

Ahora bien, para el caso de continuar con la idea de impulsar inversiones privadas en transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos, sin restricciones que acoten el servicio a productos de Pemex, se presentarán las siguientes implicaciones comerciales y regulatorias:

 

Concluyendo, es evidente que llegó la hora en que, para la industria petrolera nacional, se tomen medidas enérgicas y contundentes, pero en las que destaque la transparencia y la equidad. ¡No más simulaciones!

 

 

*Ha sido asesor de la Presidencia de la República en materia de política internacional. Es fundador y presidente vitalicio de la Asociación Nacional de Distribuidores en Combustibles y Lubricantes (ANDICOLUB). Es autor de varios  libros, entre ellos, “La estructura comercial en Petróleos Mexicanos” y “México, crónica de los negros intereses del petróleo” (beltran30@hotmail.com).