Regresar
a la lista artículos | Inicio
Redefinir
el contenido nacional en la construcción de plataformas marinas
Son
múltiples los beneficios que las empresas mexicanas han obtenidos en
el programa de construcción de plataformas y ductos marinos de Pemex.
Sin embargo, hace falta afinar y redefinir detalles de este tipo de licitaciones.
LUIS PUIG LARA*
El
Programa de Construcción de Plataformas y Ductos Marinos de Petróleos
Mexicanos (Pemex) comprende la construcción de 51 plataformas y 624.3
kilómetros (km.) de ductos con un importe estimado de $49,698 millones
de pesos. Al mes de septiembre pasado, se han contratado 45 plataformas y 574.3
kilómetros de ductos con importe de $46,306 millones de pesos, lo que
representa el 93% del programa.
En
licitación se encuentran tres plataformas y 574.3 km. de ductos, que
implican una inversión de 2,702 millones de pesos y representan 5.5%
del programa. Asimismo, se encuentran pendiente de licitar tres plataformas
y 16.0 km. de ductos, con una inversión de $690 millones de pesos, 1.5%
del programa.
De
las 45 plataformas con un importe de $22,457 millones de pesos contratadas por
Pemex, 35 de ellas han sido realizadas por empresas mexicanas, con una inversión
de $17,724 millones de pesos lo que representa el 79%, y 10 por empresas extranjeras;
2 de éstas serán construidas en patios mexicanos.
Derivado
de lo anterior, los patios nacionales están ocupados en un alto grado
de su capacidad, lo que ha reactivado la Industria Mexicana de la Construcción,
la generación de empleos y ha propiciado una derrama económica
importante en el país. Además, se cuenta con capacidad instalada
en los patios nacionales para seguir construyendo el resto de las plataformas
programadas.
La
industria de la construcción es un sector que, además de contribuir
al desarrollo de la infraestructura del país, genera también un
efecto multiplicador y de distribución de beneficios hacia otros sectores
económicos. Cada obra pública o privada que se realiza en el país
conlleva una serie de beneficios asociados al objetivo intrínseco de
desarrollo de la propia obra, como son:
-
La creación de empleos directos bien remunerados;
-
La reactivación de empresas de servicios;
- La
adquisición de bienes de fabricación nacional;
-
La generación de empleos indirectos en industria, comercio y servicios;
- La
captación de impuestos que se aplican a obras de desarrollo social.
Si adicionalmente estas obras son otorgadas a empresas nacionales, o bien
a empresas extranjeras que establecen una base permanente en el país,
cada uno de esos renglones adquiere una mayor relevancia. En el pasado cercano,
algunos proyectos eran otorgados a empresas extranjeras, porque en el país
no existían empresas con la capacidad necesaria para garantizar el
éxito de los mismos: Sin embargo, actualmente las empresas nacionales,
a pesar de participar con desventajas, poseen el conocimiento y experiencia
para desarrollar con éxito cualquier tipo de proyectos.
CONTENIDO
NACIONAL
Las
empresas de la industria de la construcción han enfrentado retos financieros,
económicos, ecológicos y tecnológicos. Y cada uno de ellos
los han resuelto con creatividad y dinamismo. Uno de los más recientes
es el relativo a la definición de porcentajes de contenido nacional en
las obras públicas. El tema, sin lugar a dudas, es de capital relevancia
para el desarrollo del país, ya que implica el desarrollo firme y continuo
de empresas que desarrollan productos, materiales y equipos en nuestro territorio.
Es, no obstante, es un tema que debe ser tratado con especial cuidado y combinado
con otros aspectos que naturalmente están involucrados en las obras públicas,
con el fin de obtener los máximos beneficios de la aplicación
adecuada de la reglamentación correspondiente.
Conforme
a las disposiciones estructuradas en los tratados celebrados por nuestro país,
el contenido nacional que podrá solicitarse en las obras públicas
no podrá ser mayor de:
§
Un 25%, para obras intensivas en capital, o de,
§ Un 40% para obras intensivas en mano de obra.
Cuando vemos estos parámetros, las preguntas que surgen inmediatamente
son:
§ ¿No sería mejor incrementar dichos porcentajes hasta un
100%?
§ ¿Son suficientes estos porcentajes como límites máximos?
Para saber si dichos parámetros son correctos como límites máximos,
o bien si es posible incrementarlos, es menester conocer como se integran los
costos de una obra pública. Es menester comentarlo, dado que, de una
interpretación deficiente, han surgido errores que han afectado obras
y empresas mexicanas.
En términos generales, el precio que una dependencia gubernamental pagará
a una compañía por una obra pública está estructurado
en costos directos, costos indirectos y utilidad de la empresa. Los costos directos
se dividen, a su vez, en costos de mano de obra, costos de materiales y costos
de equipo (renta y operación), de manera general. Para determinar el
porcentaje de contenido nacional de una obra pública, sólo puede
tomarse en cuenta los costos de los materiales, maquinaria y equipo de instalación
permanente. Y a su vez, estos costos sólo consideran los materiales diferentes
a los de la construcción, de tal manera que aceros, cemento, grava, arena,
madera, etc., no pueden ser considerados para calcular el contenido nacional.
Con
esta información, ya podemos responder a las preguntas planteadas en
los párrafos anteriores:
- Nunca
se podrá considerar un contenido nacional del 100%, ya que la forma
de calcular este parámetro excluye los costos indirectos, la utilidad
de la empresa, los costos de mano de obra, los costos de equipo (renta y operación)
y los costos de los materiales de construcción.
Los porcentajes definidos como límites máximos son suficientes,
es más, existe un gran número de obras públicas en los
que nunca podrán solicitarse los límites máximos.
Adicionalmente, si realizamos un análisis riguroso de los límites
establecidos en los tratados, los valores deberían invertirse, dado que
es en los proyectos intensivos en mano de obra donde se puede lograr un menor
porcentaje de contenido nacional.
Una incorrecta definición de los porcentajes de contenido nacional exigible
en las licitaciones de obras públicas, aunada a una nula exigencia con
respecto a otros elementos importantes a considerar, puede originar no solamente
que las licitaciones sean ganadas por empresas extranjeras sin una base permanente
en el país, sino también que no se considere el empleo de los
recursos humanos y materiales del país. Por lo mismo, de nada sirve que
se exija un porcentaje alto de contenido nacional, sino se cuidan otros elementos
básicos exigidos en la ley, como son:
-
Empleo de recursos humanos, bienes o servicios mexicanos.
-
Participación de todas las empresas en igualdad de condiciones.
1. Idénticas oportunidades de financiamiento
2. Idéntica carga fiscal.
3. Idénticas obligaciones obrero-patronales.
En la actualidad, estos 3 conceptos representan para las empresas mexicanas
una carga superior al 24.7% del valor de venta de cada proyecto, lo que se convierte
en una desventaja flagrante.
- Considerar
los costos adicionales diferenciados en que se incurre en cada proyecto, en
función de costos de transporte, ingeniería y supervisión,
entre otros, que se generan, cuando partes del proyecto son desarrolladas
en otros países.
Parece, quizás, exagerado insistir en esto, pero ya hubo proyectos en
los que se exigió un porcentaje de contenido nacional, pero no se cuidaron
los otros aspectos, y aunque se cumplió con el contenido nacional, se
importó mano de obra barata y materiales de construcción de otros
países. También hubo proyectos en los que se cumplió con
el contenido nacional y, sin embargo, fueron desarrollados en gran parte en
el extranjero, por las ventajas fiscales y apoyos a la exportación que
brindan otros países a sus empresas.
Es
importante insistir en el tema del contenido nacional en las obras públicas,
pero viéndolo de manera integral, considerando todos los aspectos que
benefician a las empresas mexicanas y a las extranjeras instaladas en el país.
Tiene que existir un reconocimiento al hecho de creer en México.
*Ingeniero
químico, egresado de la ESIQIE del Instituto Politécnico Nacional.
Trabajó 29 años para la industria petrolera estatal (Pemex), jubilándose
en 1998 como director general de Pemex Petroquímica, donde participó
activamente en los procesos de desincorporación de este sector. Actualmente,
es consultor en materia de energía y medio ambiente a través de
su empresa Consultores Empresariales Puig,S.C., constituida desde 1998. Es consultor
del Grupo Diavaz y vicepresidente nacional de Hidrocarburos de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (lpuig@diavaz.com.mx).