Regresar a la lista artículos | Inicio

México 2030 y la energía

México requiere que en su horizonte a largo plazo el acceso a la energía sea primordial, pero también que los pasos para lograrlo sean explícitamente parte de las primeras acciones de gobierno.

EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRÍA*

Dentro del sector energético nacional, las áreas de planeación de los diversos organismos son probablemente las que mejor trabajo hacen para armonizarse, compatibilizarse y ver hacia el futuro. Particularmente, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) es único en plasmar la coordinación existente dentro del sector y reflejar, en proyectos concretos, la planeación de cómo se garantizará el suministro de electricidad a largo plazo para la demanda esperable dentro de 10 años. De dicho programa emanan las necesidades de inversión directas en infraestructura eléctrica y también las de suministro de combustibles por ser el sector eléctrico el mayor consumidor de combustibles industriales por fuera de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Más allá de las consideraciones que pudieran hacerse sobre factores como calidad y precio, la programación del suministro se apega a los parámetros de la ley. Por lo mismo, el proyecto prospectivo México 2030, anunciado por el Presidente Felipe Calderón para generar una visión de largo plazo que sirva como guía para las acciones de su gobierno, requerirá de modificaciones a lo que la ley prevé hoy como parámetros para la planeación del sector, si es que se quiere obtener un resultado distinto.

Hoy, la planeación energética apunta a extrapolar el pasado y usar la mejor tecnología disponible al menor precio. Sin embargo, crear un plan llamado México 2030 haría suponer que se pretende hacer algo distinto. La pregunta más relevante es qué dirá dicho plan sobre la energía que ahora no se diga o haga. Esto tendría que pasar por redefinir los objetivos del servicio público de electricidad, o al menos precisarlos para que se entienda qué falta por hacer e inclusive qué rezagos hay que cubrir.

Para lograr esta redefinición, sería necesario saber qué se espera del sector energético para apoyar la evolución hacia un país más próspero que el México 2030 propone. Si el objetivo es la simple autonomía en el abastecimiento –es decir, evitar las importaciones– el problema se reduce a tener acceso a la tecnología y refinar los mecanismos de financiamiento con garantías gubernamentales o la migración parcial o total a mecanismos de mercado, probablemente utilizando incentivos fiscales para que la rentabilidad de actividades cuestionables cuando se les compara con la alternativa de importar –como la refinación– se incline hacia la construcción en México.

Pero, en realidad, la autonomía parece ser un fin poco relevante como objetivo fundamental del diseño de un país más próspero y equitativo, y que además puede desviar la atención de las estrategias energéticas que realmente pueden llevar al país a un estado de bienestar diferente. En el mundo desarrollado, el paradigma de la energía está en el acceso suficiente y oportuno a la misma. Así, la suficiencia debe ser determinada por tener acceso a la cantidad necesaria para cubrir no menos que los mínimos de bienestar en las clases más marginadas. El suministro debe ser suficiente para prestar servicios de salud básicos e incentivar el desarrollo industrial y la agregación de valor a las materias primas y productos agrícolas particulares de cada región en las comunidades rurales, y, desde luego, el suministro debe ser adecuado en calidad para el tipo de industria que existiría o promovería el desarrollo económico acelerado del México 2030, así como para una población urbana con exigencias más sofisticadas que las que ahora existen.

QUINTA ECONOMÍA MUNDIAL, LA META

Dentro de la presentación del plan México 2030, en una especie de predicción, se previó que nuestra economía estaría entre las cinco primeras del mundo para el 2030, esto es positivo para que haya algún parámetro tangible con el que poder compararse. Este parámetro nos colocaría, en el 2030, atrás de China, los Estados Unidos, India y Japón. De ese grupo, probablemente quisiéramos compararnos solamente con Estados Unidos y Japón, ya que China e India serán grandes economías y no necesariamente economías en las que el ingreso per capita sea alto como lo es en los otros dos países.

Como objetivo, es una meta compleja porque presupone ritmos de crecimiento acelerado que precisarán de grandes esfuerzos y modificaciones estructurales. Las metas serían bastante más complejas aún, si como objetivo del 2030 instituyéramos parámetros de medición de progreso económico como el ingreso per capita o algún otro de índole agregado como el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se integra midiendo el progreso económico, la educación y la longevidad.

Siguiendo con la lógica de alcanzar el objetivo esbozado durante la presentación del proyecto México 2030 –por ser la única referencia existente ahora para medir el éxito– entendamos que el reto de proveer al país de la energía para que pase de ser la economía número 14 del mundo en talla absoluta a ser la quinta –lugar actualmente ocupado por Francia–, requeriría de que hoy duplicáramos el suministro actual de electricidad y aumentáramos en alrededor de 60% la oferta de energía primaria. Pero, además, debería ser ajustado por el crecimiento promedio de 3% anual proyectado para el uso de la energía en el mundo en los próximos 25 años. Aunque esto parece ser alcanzable, en realidad significa, en términos tangibles, que habría que cuadruplicar el tamaño actual de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, con efectos similares en la proveeduría de combustibles.

DESARROLLO HUMANO, OTRO CRITERIO

Si por otro lado la aspiración es un país en el que no solamente las grandes cuentas económicas nacionales midan el éxito o el fracaso, sino que se incorporen factores más complejos y completos como los usados por el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, entonces la dimensión del reto es distinta. En dicha clasificación, México está en el lugar número 53, después de Cuba y antes de Tonga, todos ellos en la parte baja de la tabla del segmento de “Países de Alto Desarrollo Humano” que, por cierto, es encabezada por Noruega. Esta clasificación presume que el bienestar de la población está mejor medido por el dinero disponible, la educación recibida y la salud reflejada en su longevidad. Elimina la distorsión que implica el tamaño de los países y de su economía, razón por la que México se va hasta más allá del quincuagésimo lugar en vez del ilusoriamente engañoso lugar 14 del tamaño de nuestra economía.

Las implicaciones de establecer como meta que el país mejore en relación a este índice, sin embargo, tiene connotaciones profundas que van más allá de que, para alcanzar la mitad de la tabla dentro de los países con alto desarrollo humano, como Israel, Grecia o Portugal, habría que sextuplicar la oferta energética en 25 años. Esto implicaría tener seis Pemex y seis CFE en relación al tamaño de los que tenemos actualmente. Pero lo más relevante es cómo, haciendo uso de dicho índice, propiciamos las cosas para que el 20% de la población, cuyo Índice de Desarrollo Humano es similar al de Vietnam, tenga acceso efectivo y oportuno a la energía, consideración distinta al acceso meramente estadístico con el que cuentan ahora.

La discusión y urgencia actual sobre la reposición de reservas de hidrocarburos no será tema en el 2030 porque, o lo habremos corregido en los próximos meses o ya no tendrá mayor sentido hacerlo posteriormente, y otras discusiones banales de la actualidad sobre el impacto de la cogeneración y el autoabastecimiento en demérito del servicio público se habrán agotado desde mucho tiempo atrás. Pero, por otra parte, seremos muy afortunados si hemos logrado el oportuno y suficiente acceso a la energía a todos los niveles de la población.

ACCESO A LA ENERGÍA, OBLIGACIÓN DEL ESTADO

La obligación de prestar el servicio público de energía eléctrica o proveer de combustibles por el Estado –o por los organismos que éste determine para el caso– no son primeramente un mecanismo de apropiarse de la renta energética como se le ha querido minimizar o a lo que desafortunadamente se le ha reducido por la ineficacia en la recaudación de impuestos, porque esto significaría simplemente la exclusión del sector privado y no el verdadero sentido de la prestación del servicio público: una responsabilidad irrenunciable y función auténtica de Estado.

El suministro de combustibles en las zonas urbanas y en la red carretera es tan apropiado como puede ser y sin diferencia de costo alguno por cuestiones de distribución y logística, mientras que la electrificación en las zonas urbanas, por marginales que fueran, existe y en donde pudiera aún faltar no es más que cuestión de la aplicación de partidas presupuestales anuales para que se construya la infraestructura necesaria.

Sin embargo, para los que hemos podido visitar comunidades aisladas del desarrollo en el resto del país –esto es, comunidades que no solamente están lejos de cualquier centro urbano, sino cuyo tamaño es menor a los 500 habitantes, y de las que hay miles en el país– la situación del acceso a la energía es totalmente distinta. En muchas de ellas la electricidad llega marginalmente para iluminar algunos focos y algunos electrodomésticos en unas pocas viviendas y en las edificaciones donde despacha el gobierno municipal, alguna clínica de salud en el mejor de los casos, una bomba de agua y no hay más. Aunado a esta situación, si bien la cobertura eléctrica en promedio en el país es 95%, la cobertura en el medio rural es de apenas arriba del 70%.

Obviamente, el mismo arreglo institucional de grandes empresas energéticas –de cuya talla, en efecto, habría que sentirnos orgullosos– es el mismo que permite garantizar el suministro de combustibles y electricidad para una gran parte de la sociedad y una aún mayor parte de la economía nacional. Pero, al mismo tiempo, dificulta las soluciones de detalle que se requieren para que esas comunidades gocen de la electricidad y combustibles como lo hacemos en las grandes urbes, porque, si bien el caso de la electricidad, al ser proveída por el Estado mexicano, no refleja su verdadero costo en la tarifa, en el caso de los combustibles la situación es distinta porque en dichas comunidades los combustibles incluyen en su costo el precio de adquisición en la estación gasolinera más cercana, el transporte hasta la comunidad por un particular y un componente en el precio de especulación pura que refleja el costo de la escasez en el sitio. Es decir, en las comunidades más pobres y alejadas del país los combustibles tienen el precio más alto.

La reacción natural es que es obvio que cuesten más porque están lejos de la red formal de distribución, pero si esto fuera justificable, lo sería entonces también que la gasolina fuera más cara en las ciudades lejanas de las refinerías o inclusive a la salida de las refinerías que estén alejadas de los centros de producción de crudo, en ambos casos reflejando el costo de transporte del crudo a la refinería o del combustible a la ciudad. Esto no sucede y los costos de los combustibles son producto, en la mayor parte del país, de la repartición alícuota de los costos generales del suministro de crudo, procesamiento y distribución de los refinados, de forma que el costo en Coatzacoalcos, vecina a la refinería Minatitlán, es el mismo que en Guadalajara a más de 250 kilómetros de la refinería más cercana y más de mil kilómetros de la región productora en el Golfo de México.
A los más pobres de los pobres les cuesta más el uso de la energía en México, –cuando les llega– lo cual resulta curioso en un país donde no podría ser más glamoroso para los políticos el promulgarse como defensores de los más necesitados, pero, al mismo tiempo, no pasa por su mente, ni en el mejor de los casos, focalizar las políticas públicas para que esa situación fuera remediada.

El México en el que a la izquierda se le rebasa por la izquierda y en el que la izquierda anatemiza al pudiente y para quien van primero los pobres requiere que en su horizonte a largo plazo el acceso a la energía sea primordial, pero también que los pasos para lograrlo sean explícitamente parte de las primeras acciones de gobierno. Hoy mismo.

Es presidente de la Asociación Mexicana de Energía, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y se desempeña como director de Desarrollo de Negocios de Techint (eduardoandradeiturribarrria@gmail.com).