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El futuro del sector eléctrico

La reforma propuesta en el sexenio pasado podría ya no ser relevante.

EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRÍA

Se logró, durante el sexenio del Presidente Fox, la más dinámica expansión del sector eléctrico en la historia de nuestro país. Sin embargo, el modelo de expansión aplicado, junto con la negativa de Congreso para aceptar los cambios legales que propuso su gestión, también tendrá impacto en el modelo industrial de este sexenio e implicaciones en los compromisos políticos que el gobierno del Presidente Calderón podría tener que asumir.

La expansión del parque de generación y las líneas de transmisión fueron financiadas a través de los esquemas de Productor Externo de Energía (PEE) o de Obra Pública Financiada (OPF), que implícitamente establecen compromisos de compra o venta de capacidad entre ellos y de suministro de combustible con algún proveedor. Los PEEs se comprometen contractualmente a usar gas natural y a entregar energía a la línea de transmisión asociada al proyecto. Implícito está que la línea se compromete a tomar la energía que el PEE le entrega.

Algo similar sucede con la generación mediante la OPF. Si bien no existe una relación contractual explícita entre la planta y la línea, sí existe una obvia vinculación y una bien fundada esperanza de despacho de la planta y de uso de la línea que son lo que Hacienda requiere para autorización de endeudamiento y el Congreso para aprobación.

Mientras los proyectos generen flujos de efectivo para repagarse, desde un punto de vista teórico y también aceptable para la banca, el PEE y la OPF son un esquema de financiamiento sólido y sin límite mediato. Esto presupone, también, que las tarifas sean cobradas y que además sean suficientes para cubrir las necesidades de CFE.

El camino andado entre 2000 y 2006 y el éxito indiscutible del PEE y de la OPF son resultado de decisiones tomadas y no de la espontaneidad o de la inercia. Si bien se tomaron dentro del ámbito de ciertas restricciones, la magnitud del volumen de generación que representan en el país han marcado un derrotero tal que la reforma eléctrica propuesta a principios del año 2000 como modelo de organización industrial del sector ha perdido oportunidad y probablemente también relevancia. No es posible por el momento saber si se alcanzó ya el punto de no retorno o si ya a alguien en realidad le importa, pero ciertamente el Plan Nacional de Desarrollo requeriría tomar en cuenta esta realidad desde el punto de vista de las políticas públicas pero, tal vez más importantemente, también por los compromisos políticos y necesidades de acuerdos partidistas que podría evitarse.
Está implícita la decisión del Estado mexicano de promover la competencia en la nueva capacidad de generación a través de licitaciones públicas. En cualquiera de los casos –PEE y OPF– se han garantizado los mejores precios para la ingeniería, procura y construcción (IPC) de las plantas, las condiciones y tasas de financiamiento y, en el caso de los PEE, se garantiza además la rendición de cuentas a 25 años sobre la disponibilidad de la planta y su eficacia para convertir el combustible en electricidad. Sin embargo, este modelo antagoniza el diseño conceptual de la reforma eléctrica prevista y promovida durante el sexenio de Vicente Fox.

También el hecho de que el objetivo de la promoción legislativa del gobierno actual se centre, y con toda razón, en la reforma del marco estructural del subsector de los hidrocarburos indicaría que, ya sea por la omisión en el análisis o por intención deliberada, el futuro será la construcción de un modelo de organización industrial eléctrico con participantes privados, según lo permitido en la actual Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), y con las paraestatales en un ámbito en el que la competitividad del sector se promueva y se garantice mediante el concurso de las plantas, líneas y suministro de combustibles con las adjudicaciones hechas por cualquiera de las modalidades y mecanismos de subasta definidos en las leyes actuales.
Un punto totalmente aparte es que el precio de la electricidad sea menor al actual. Esto es una discusión muy distinta y que no es objetivo de ninguna de las propuestas actuales de modernización. Sería sano, de todas formas, para atender esta discusión común de los usuarios, hacer un análisis realista del verdadero potencial de mejora en las tarifas eléctricas, ya que los comparativos con tarifas de otros países, que en ocasiones se usan como referente, son irrelevantes para saber cuál sería el nivel más competitivo de las tarifas en México y qué tan diferentes serían a las actuales.

De cualquier forma, el rumbo tomado en los pasados seis años no desacredita lo planteado en su momento por la anterior administración, pero sí habría comprometido sustancialmente lo posible y lo deseable para este sexenio incluyendo, probablemente, también las decisiones en la política de combustibles. Por cierto, la OPF y el PEE son pidiregas, son baratos y debieran ser explorados en su potencial de aplicación en otras áreas del sector energético.

*Ingeniero civil, egresado de la UNAM con especialización en administración de proyectos y posgrado en finanzas del ITESM y de proyectos de inversión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es ex presidente de la Asociación Mexicana de Energía. Actualmente es director de Desarrollo de Negocios de Techint (eduardoandradeiturribarria@gmail.com).